El Ministerio de Trabajo acelera para que las empleadas del hogar puedan cobrar el paro antes de acabar este año. El Consejo de Ministros ha aprobado remitir al Congreso de los Diputados la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), que consiste en un compromiso vinculante por parte del Estado español de garantizar unas condiciones dignas de trabajo y una protección social suficiente para el colectivo de trabajadoras del hogar. Este proceso, comprometido ya desde el primer gobierno en solitario de Pedro Sánchez, inició los trámites con la legislatura del Ejecutivo de coalición y coge velocidad ahora, tras la reciente sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE), que censuraba al Reino de España por discriminar de manera injustificada y sin perspectiva de género a este colectivo. Actualmente hay 378.466 trabajadoras del hogar dadas de alta a la Seguridad Social.
«Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras a asegurar la
igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación a las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los períodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en cuenta las características especiales del trabajo doméstico», reza el artículo 10 del
convenio 189 de la OIT. El texto también incluye la fundación y organización en sindicatos, algo que ya contempla el actual ordenamiento laboral español.
La ausencia de esa igualdad de trato en España es lo que censuró el TJUE en su reciente sentencia del pasado 24 de febrero y es lo que pretende corregir ahora el Gobierno. Pues las trabajadoras del hogar están encuadradas en un régimen especial dentro de la Seguridad Social, en el que solo operan ellas y según el mismo no pueden cotizar, entre otros, por derecho a desempleo. Lo que implica que cuando son despedidas no tienen derecho a cobrar el paro ni otros subsidios. Un criterio que los tribunales, tras la sentencia europea, han comenzado a reinterpretar y reconocen nuevas protecciones a este colectivo. Como el acceso al Fogasa en caso de que su empleador no pueda pagarles la indemnización o el cobro del subsidio para mayores de 52 años, entre otros.
